El estado del Estado (por A.P.)

Mi querido amigo, bien sé que nuestra correspondencia e-pistolar no suele versar sobre asuntos tan mundanos, pero ya que me tiendes el capote, embestiré de la forma más sosegada posible, pues forma parte de mi trabajo y condición el tener que lidiar con las parciales, ineficaces, e injustas normas que me impone esa organización: es la conocida como administración pública (en adelante nombrada con el eufemístico nombre de Estado.)

El primer sofisma que quiero deshacer es aquél que dice que el “Estado somos todos” o el que lo califica de “público”. Ante esto no me sale más que recurrir a la escatología: “y una mierda”.

No niego que esa quizá fuera su intención en algún momento de la historia, desde luego no lo fue en sus orígenes ni lo es ahora. El Estado o administración pública es un organismo autónomo que vela por sus propios intereses, una organización privada más que, a diferencia de las otras de rango similar, se ocupa de su supervivencia arrogándose la capacidad coercitiva de extraer a sus clientes forzosos los recursos que necesita para seguir medrando, bien en tamaño, bien en poder, o bien en privilegios para sus componentes.

Para ello precisa mantener adocenados al mayor número de población suficiente, a los que convencen de que ellos forman parte de su todo. No duda en usar todos los medios, principalmente la moralidad, por lo que no les duelen prendas en calificar con despreciables adjetivos a los que no se tragan el discurso de que, si no cooperas con ellos, eres un gusano insolidario sin compasión de los débiles. En caso contrario, te enviará otra de sus armas: la turba. Consiste en una serie de medios de comunicación, políticos, y organizaciones civiles, que repetirán una vez tras otra verdades incuestionables, por lo que tu voz será silenciada por el griterío general.

Antes de empezar a responder a tus requerimientos, quiero dejar claro otro sofisma, en el que estoy seguro que tú no caes, pero que la gente cree a pies juntillas: los servicios que no son “públicos”, son “de pago”. LOL, que dicen los anglosajones. Todos los servicios que recibes del Estado los has pagado probablemente a 4 o 5 veces su valor de mercado. Conocida es la eficacia en la gestión de la administración pública. Cuando una empresa pública en pérdidas se privatiza, puedes empezar a contar los días en dicha empresa comenzará a ser rentable. Pero no hay nada que hacer. Conceptos como “copago” le suenan a la multitud como si el Estado te estuviera cobrando de más por sus servicios. El Estado aplica la solución fácil: sube los impuestos y establece el “antepago”, que no tiene mala prensa.

Y una última nota que estoy seguro que deduces. Voy a proponer en general el pago por uso de los servicios que actualmente se arroga el Estado, con lo que su necesidad de financiación con impuestos disminuiría de forma drástica. No contemplo la presión fiscal actual para pagar lo “público” y además necesitar financiar los servicios “privados” (aunque ya he dejado claro que no estoy de acuerdo con esta diferenciación semántica.)

En fin, vamos a meternos en harina, y empezar por el, en mi opinión, más peliagudo de los asuntos que planteas:

ESTADO DE DERECHO, JUSTICIA, ORGANIZACIÓN TERRITORIAL.

Considero que sería factible una norma universal (no entro aquí a definir este universo). Una Constitución en el que se garanticen los derechos fundamentales para regular las relaciones humanas, comerciales, sociales, etc. Pero siempre que regule de espíritu, sin entrar en detalles explícitos salvo lo que la experiencia en determinado campo lo considere imprescindible.

Evidentemente también será necesario tribunales constitucionales que velen por el cumplimiento de estas ideas y lo que de ellas deriven, además de una fuerza coercitiva que obligue al cumplimiento de sus sentencias. Y hasta aquí le concedo al Estado.

El resto pueden ser perfectamente tribunales privados que juzguen con respecto a esta norma superior y a las regulaciones que establezca libremente cada organización local (siempre subyugadas a la norma mayor o Constitución.) Estas organizaciones territoriales considero que deben ser de pequeño tamaño. Las razones principales son dos:

-          La regulación específica se adapta de manera más efectiva a pequeña escala. Lo que puede ser válido para un territorio concreto con sus características particulares (economía, población, geografía, clima, formación) no tiene por qué serlo para otro.

-          Y la razón principal: si las unidades organizativas y regulatorias son pequeñas, las personas tendrán más fácil moverse de una a otra en función de su efectividad, justicia y calidad de vida. Por ejemplo, si una localidad considera válido una organización con una política más “estatista”, podrá hacerlo, con sus propios recursos y respetando la norma general. Pero los individuos que no deseen ese tipo de política podrán trasladarse con el mínimo coste social y económico a un lugar cercano sin ser penalizados ni obligados a regirse por tal filosofía. Así se establecería una sana competencia y comparativa entre unas regulaciones u otras. Unos lugares serían más exitosos que otros de forma natural, y este éxito sería cambiante. Esta noticia ilustra lo que digo: http://www.libremercado.com/2016-04-23/los-contribuyentes-huyen-de-california-a-texas-para-pagar-menos-impuestos-1276572338/

Supongo que muchos se escandalizarían con la propuesta de tribunales privados. Vamos a hacer algunas consideraciones:

-          Sobre su neutralidad:

¿De verdad alguien me puede decir que la justicia actual es neutral? Los últimos tiempos ya claman al cielo, con sentencias populistas e indecentes a favor de la corriente general. Los ejemplos son infinitos: custodia de hijos y trato a ambos géneros en caso de divorcio, al empresario en conflicto laboral con el trabajador, violencia de género, reclamaciones a la banca de sus usuarios, asuntos sobre competencia entre empresas, petición de condenas desmadradas por delitos impopulares, actuaciones parcialísimas de la fiscalía, etc, etc, etc.

Si hubiera tribunales privados, las dos partes de un contrato se adscribirían a un determinado tribunal, el que consideraran más oportuno en base a su precio y servicio. No hay razón para mantener una adscripción obligatoria a tribunales estatales. Si a alguien esto le sugiere una sensación de indefensión es que no se ha topado con la realidad de la justicia actual en su vida. Esa es exactamente la sensación padeces.

-          Sobre su financiación:

¿Es que ahora la justicia es gratuita y universal? Cualquiera que haya tenido un pleito sabe que no es así. Por lo tanto sus pleitos se los pagaría cada entidad o persona que hiciera uso de los tribunales, como cualquier otro servicio.

Los tribunales más prestigiosos, más rápidos en sus resoluciones y con menos recursos perdidos ante el tribunal constitucional (ya que siempre cabría el recurso a un tribunal constitucional) tendrían más clientes de forma natural, y empezaría a funcionar la economía de escala. Se abarataría la justicia.

-          Otras consideraciones:

Hay que tener en cuenta que todo este sistema, basado en la premisa que siempre habrá una parte perjudicada y por lo tanto denunciante (y sobre todo financiadora del tribunal), tiene sus carencias. La más evidente es que gente o instituciones sin recursos puedan acceder a la justicia, por lo tanto cada tribunal no tendría más remedio que aportar a un consorcio que financiara abogados de oficio.

Con respecto al papel de la fiscalía, no veo problema en que el sistema está basado solo demandas particulares. El estado podría actuar como un demandante más.